El pasado tres de abril se rindió protesta a la nueva presidencia del INE así como a tres consejerías. De este proceso destacan dos hechos relevantes que ocurren por primera vez: 1) una mujer presidirá, y 2) las mujeres son mayoría (seis consejeras de once).
Con ello se dio por concluido el proceso de renovación de tres consejerías y la presidencia, las cuales ocuparan el cargo por nueve años (2023-2032).
Sin embargo, el procedimiento evidenció la necesidad de dotar de reglas claras y ciertas para las funciones de los miembros del Comité Técnico de Evaluación, así como de sanciones ciertas y severas por incumplir con el encarga que ellos mismos aceptan.
Distinguidos intelectuales y académicos han sido parte de la evaluación de los aspirantes a consejeras/os electorales, dotando con ello de fortaleza y prestigió al órgano que propone a los mejores perfiles. Pero, no todo ha sido así. También se han propuesto a personas con notoria preferencia política, lo cual rompe el principio de imparcialidad e independencia que se requiere para esta labor.
El diseño original se planeó para que existiera un equilibrio y no fuera cooptado por alguna fuerza dominante. Del consenso de los partidos políticos y sus grupos parlamentarios en la Cámara de diputadas y diputados saldrían tres integrantes; dos de la CNDH y dos más del INAI.
Pero ¿qué pasa cuando los órganos autónomos constitucionales están sujetos al gobierno o al partido en el poder?
Sencillo. Se rompe el equilibrio para generar independencia e imparcialidad en el Comité. Ello sin desconocer que existe una parte política que es designada por el legislativo.
Dicho diseño se puede romper cuando menos dos veces según la reciente experiencia: 1) cuando existe una mayoría absoluta en la Cámara que domina las designaciones del legislativo y, peor aún; 2) cuando el poder tiene cooptado a los órganos autónomos constitucionales como en el caso de la CDNH.
Este escenario vivimos. Cinco de los siete miembros tenían afinidad/respaldo al gobierno. Solamente los designados por el INAI demostraron independencia e imparcialidad.
Como en otros años, muchos perfiles cercanos a un partido político se inscribieron para un lugar en el CG del INE. Nada nuevo. Lo realmente alarmante fue que, sin experiencia en materia electoral y con propuestas burdas en sus ensayos y
entrevistas, fueron evaluados por encima de perfiles con amplia experiencia organizando elecciones.
Incluso, llegamos al ridículo de exámenes casi perfectos cuando las preguntas eran muy técnicas y no salían de leer la ley. Se requería conocer los precedentes y tener un criterio fijo ante casos concretos o; pensando mal, que alguien les pasará las preguntas. Peor aún, que tomaran como buenas e innovadoras las propuestas de cosas que ya se hacen en el Instituto.
Para colmo, no se puede explicar cómo personajes que tres años atrás fueron evaluados con las notas más altas y estaban en quintetas, hoy no pasaran los filtros para llegar a las propuestas. Increíble.
Lo más desagradable que a escasos días de iniciar el procedimiento se pidiera quitar urgentemente a un representante de un partido ante comisiones por qué concursaría y el comité lo dejó avanzar sin advertir la violación a la imparcialidad e independencia. Una vez que concluyó su participación, retomó su lugar como representante partidista. El colmo.
Retomemos la necesidad de regular la actividad de los miembros del Comité. La LGIPE debe establecer lo que pueden y no pueden hacer, así como estipular una base mínima de aspectos a considerar para la evaluación de los perfiles en las etapas que se definan en las convocatorias.
Establecer una medida inhibitoria, por ejemplo, tipificar como delito electoral la filtración de información en el proceso de selección.
No cabe duda, tenemos que seguir avanzando.
